• El acuerdo permite resguardar los teléfonos durante toda la jornada y contempla distintos esquemas de restricción, pero no establece sanciones específicas para los estudiantes que incumplan

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- A partir del 3 de noviembre, las escuelas de educación básica del país deberán aplicar nuevas reglas para restringir el uso de celulares y otros dispositivos digitales personales durante la jornada escolar. Sin embargo, el propio decálogo elaborado por la Secretaría de Educación Pública propone que los estudiantes puedan cumplir las disposiciones “sin regaños ni castigos”.

La frase forma parte del Acuerdo número 09/09/26, publicado este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece criterios para regular el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. 

La medida busca atender problemas relacionados con distracciones, aprendizaje, convivencia y uso inadecuado de las tecnologías dentro de los planteles. Sin embargo, una revisión del documento muestra que la SEP apuesta principalmente por un modelo preventivo y de corresponsabilidad entre alumnos, docentes, familias y autoridades escolares.

Y es ahí donde comienza el reto: ¿cómo se hará cumplir?

Sí podrán retirar y resguardar los celulares

El acuerdo contempla distintas medidas que pueden adoptar los planteles. Una de ellas permite que los teléfonos y dispositivos personales sean retirados y depositados al inicio de la jornada en un espacio designado por la escuela —como el aula o la dirección— y permanezcan bajo custodia de las autoridades escolares.

También contempla esquemas menos restrictivos: permitir su utilización únicamente en determinados horarios y espacios, impedir completamente su uso durante toda la jornada o establecer días específicos para utilizarlos como herramientas educativas.

Esto significa que la disposición no necesariamente funcionará de la misma manera en todas las escuelas: mientras un plantel podría mantener los celulares bajo resguardo durante la jornada, otro podría establecer horarios, espacios o días específicos para utilizarlos.

¿Y qué pasa si el estudiante no cumple?

Ahí aparece uno de los puntos que el acuerdo federal no termina de resolver.

El documento no establece una sanción específica de aplicación nacional para el estudiante que incumpla las reglas. No fija, por ejemplo, suspensiones, reportes obligatorios, pérdida temporal del dispositivo u otra consecuencia determinada desde la Federación.

En educación básica, la SEP acompaña las disposiciones con un decálogo dirigido directamente a niñas, niños y adolescentes.

Entre sus recomendaciones se encuentran dejar el celular en casa o mantenerlo guardado durante toda la jornada; utilizarlo únicamente cuando lo solicite el docente o exista una necesidad relacionada con salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión; no utilizar redes sociales ni juegos digitales en la escuela y no tomar ni compartir fotografías de otras personas sin consentimiento.

Pero es el punto número 10 el que llama particularmente la atención.

Bajo el título “Quiero ser feliz en la escuela”, el documento señala que el decálogo puede aplicarse “sin regaños ni castigos” y apuesta por conseguirlo mediante la participación conjunta de estudiantes, maestros y familias.

La propia SEP aclara que este decálogo es una “propuesta orientadora” que puede adecuarse a la realidad, contexto y necesidades de cada comunidad escolar, e incluso invita a las escuelas a realizar las modificaciones necesarias y formular instrumentos propios.

Es decir, existe una directriz nacional, pero parte importante de su ejecución cotidiana quedará en manos de cada comunidad educativa.

¿Quién será responsable de que funcione?

El acuerdo distribuye responsabilidades entre autoridades educativas federales y estatales, directivos, docentes, estudiantes y familias.

Los estados deberán además emitir o armonizar sus propios instrumentos jurídicos dentro del plazo establecido en el acuerdo, mientras que las comunidades escolares tendrán que desarrollar las reglas necesarias para llevar las disposiciones a la práctica.

El seguimiento contempla espacios periódicos de retroalimentación para conocer avances, identificar dificultades y realizar ajustes.

No obstante, el acuerdo no crea un cuerpo especial de supervisión dedicado a verificar el cumplimiento de la restricción en las escuelas ni establece un régimen nacional específico de sanciones para los estudiantes.

La SEP sí encontró respaldo para limitar los celulares

La regulación parte de un problema que autoridades educativas y docentes sí identifican.

La SEP realizó en agosto una consulta en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas. De acuerdo con los resultados incorporados al acuerdo, 79.7% de los docentes identificó dificultades de los estudiantes para mantener la atención, 53.3% señaló una disminución de la interacción presencial y 29% reportó situaciones relacionadas con ciberacoso o agresiones digitales.

Además, 88.8% estuvo de acuerdo con limitar el acceso a dispositivos durante la jornada escolar, aunque únicamente 56.3% respaldó impedir completamente su utilización.

El acuerdo también recoge referencias internacionales sobre las consecuencias del uso excesivo o inadecuado de dispositivos digitales en el aprendizaje y la convivencia escolar.

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