José Inés Aguilar Rodríguez afirmó que el Ayuntamiento ha cumplido con la integración de expedientes y entrega de pruebas; el avance de los procesos corresponde ahora a las autoridades judiciales.

Isla Mujeres, Quintana Roo, 8 de junio de 2026.- El síndico municipal de Isla Mujeres, José Inés Aguilar Rodríguez, confirmó que continúan sin avances significativos las denuncias interpuestas por la administración de la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde en contra de exfuncionarios del gobierno encabezado por Juan Luis Carrillo Soberanis, relacionadas con un presunto daño patrimonial superior a los 250 millones de pesos.

El funcionario señaló que el Ayuntamiento ha cumplido con la integración de los expedientes, la entrega de pruebas y la aportación de los elementos requeridos por las autoridades competentes para el seguimiento de los casos.

«Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Ya el juez determina si procede o no procede; de hecho, ya existen dos sentencias», declaró.

Aguilar Rodríguez explicó que actualmente la administración municipal mantiene sus esfuerzos enfocados en la continuidad de la obra pública, los programas sociales y la atención de las necesidades tanto de Isla Mujeres como de la zona continental del municipio.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde en áreas como turismo, seguridad, servicios públicos y desarrollo social.

«La prioridad es continuar con las obras, los programas sociales y seguir gobernando para el pueblo», expresó.

Respecto a los retos pendientes para la actual administración, el síndico municipal señaló que uno de los principales desafíos es la regularización de asentamientos irregulares en la zona continental, donde existen aproximadamente 90 desarrollos en esta condición.

Indicó que, hasta el momento, cerca del 10 por ciento de estos asentamientos han logrado avanzar en sus procesos de regularización.

«Como gobierno quisiéramos crecer al mismo ritmo que la demanda de vivienda en la zona continental; sin embargo, es complicado si no contamos con la colaboración de desarrolladores y ciudadanos para garantizar la certeza jurídica de la tierra y la correcta dotación de servicios», concluyó.