• Gilberto N y dos colaboradores fueron detenidos por orden judicial, acusados de exigir pagos y amenazar a comerciantes. Un día después, el Órgano Interno de Control de Playa del Carmen confirmó que no existían quejas ni investigaciones administrativas en su contra

Playa del Carmen, Quintana Roo, 16 de octubre de 2026.— Mientras la Fiscalía General del Estado investiga una presunta red de extorsión a comerciantes en Puerto Aventuras, encabezada por su alcalde Gilberto N, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Playa del Carmen confirmó que no tenía registrada ninguna denuncia ni investigación administrativa contra el funcionario, detenido ayer junto con dos de sus colaboradores.

La titular de la Contraloría municipal, Letizia Lorenzo Zamudio, informó este viernes que, aunque asumió el cargo apenas el 9 de octubre y continúa en el proceso de entrega-recepción, el personal de la dependencia le confirmó que no existen expedientes abiertos contra el alcalde.

La declaración contrasta con la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía, que obtuvo órdenes de aprehensión contra Gómez Martínez, Karla Paola N, coordinadora de Desarrollo Económico, y Jorge N, secretario y sobrino del alcalde, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

Los tres fueron detenidos el jueves, alrededor de las 17:30 horas, en la calle Chechén con Guaya, en Puerto Aventuras.

De acuerdo con la investigación ministerial difundida por la Fiscalía, el caso se originó a principios de año, cuando personal de la alcaldía presuntamente exigió a un comerciante de la colonia Puerto Maya acudir con la coordinadora de Desarrollo Económico para regularizar su establecimiento.

La víctima denunció que Karla Paola N solicitó un pago por un formato que debía ser gratuito. Tras negarse, en febrero llegaron seis personas a bordo de dos mototaxis y lo amenazaron con privarlo de la libertad o golpearlo si no entregaba el dinero exigido.

Según la Fiscalía, el comerciante terminó realizando el pago en las oficinas de la funcionaria, quien le aseguró que el documento le brindaría protección.

Sin embargo, en mayo, Jorge Montalvo Gómez presuntamente acudió al establecimiento para exigir una cuota semanal, bajo nuevas amenazas de agresión. De acuerdo con el relato ministerial, afirmó que él y su tío imponían las reglas en la zona.

La investigación apunta así a un posible uso de cargos públicos para exigir dinero a comerciantes mediante amenazas, hechos cuya responsabilidad penal deberá determinar la autoridad judicial.

El caso también vuelve a poner atención sobre señalamientos anteriores contra el alcalde y su sobrino. Hace aproximadamente un año, un comunicador de Puerto Aventuras los acusó públicamente de haberlo privado de la libertad y golpeado por sus críticas a la administración local. No se ha informado que esa denuncia forme parte de la investigación actual.

Frente a estos antecedentes, la contralora municipal sostuvo que el Órgano Interno de Control permanece abierto a recibir denuncias o quejas ciudadanas contra los servidores públicos involucrados.

No obstante, hasta ahora no se ha informado si el Ayuntamiento iniciará una revisión administrativa de oficio a partir de las detenciones, ni qué medidas se adoptarán para proteger a posibles denunciantes.

La falta de expedientes en Contraloría tampoco permite establecer si existieron denuncias ante otras autoridades, como la Fiscalía, ni si hubo señalamientos que no llegaron formalmente al órgano municipal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar el procedimiento judicial. Hasta el momento, la información disponible no confirma una vinculación a proceso ni una sentencia.

El caso deja dos investigaciones de interés público: la penal, sobre las presuntas extorsiones, y la administrativa, sobre los controles y mecanismos de supervisión de los funcionarios de Puerto Aventuras.

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