- Asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública se manifestaron en Cancún y señalaron que la medida debilita la atención que reciben personas en situación de vulnerabilidad
Cancún, Quintana Roo, 2 de julio de 2026.- La decisión del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) de concluir el nombramiento de más de 40 trabajadoras sociales en distintas entidades del país también alcanzó a Quintana Roo, donde asesores jurídicos se manifestaron frente a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en Cancún.
Los defensores públicos advirtieron que la medida no solo representa un problema laboral, sino que debilita institucionalmente un servicio del que dependen personas que no cuentan con recursos para contratar una defensa particular.
Carmina Gutiérrez Mena, asesora jurídica del IFDP, explicó que las trabajadoras sociales elaboraban estudios socioeconómicos y dictámenes que permitían fortalecer la defensa de personas en condición de vulnerabilidad, además de facilitar beneficios procesales como exenciones de pago y otros apoyos dentro de los procedimientos judiciales.
«Muchas veces los asuntos no solo requieren de un abogado, sino de un equipo multidisciplinario que aporte elementos para una mejor defensa», señaló.
Los inconformes afirmaron que también desempeñaban labores de vinculación con la ciudadanía y difusión de los servicios gratuitos que ofrece la Defensoría Pública Federal.
Tras la manifestación, los defensores anunciaron que analizarán las acciones a seguir, al considerar que la reducción de personal afecta la capacidad institucional para brindar una atención integral a quienes más necesitan acceso gratuito a la justicia.
Los manifestantes insistieron en que la preocupación va más allá de la pérdida de empleos, pues consideran que la eliminación de estas plazas reduce el acompañamiento social dentro de los procesos judiciales y limita el acceso efectivo a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.
