- Dos iniciativas plantean incorporar expresamente el bienestar físico, mental y emocional a la Constitución estatal y endurecer las penas cuando el acoso sexual se cometa mediante redes sociales, mensajería o medios digitales
Chetumal, Quintana Roo, 22 de septiembre de 2026.- La salud mental y la violencia que se ejerce a través de redes sociales y medios digitales llegaron a la agenda del Congreso de Quintana Roo con dos iniciativas que buscan actualizar la legislación estatal frente a problemáticas que forman parte de la vida cotidiana de la población.
Durante la sesión ordinaria número 5 de la XVIII Legislatura se dio lectura a una propuesta para reformar el artículo 13 de la Constitución de Quintana Roo, con el objetivo de reconocer expresamente el derecho de todas las personas a la protección de la “salud integral”, entendida desde sus dimensiones física, mental y emocional. La iniciativa fue presentada por José María Chacón Chablé y Jennifer Paulina Rubio Tello.
La propuesta busca ampliar el enfoque con el que se aborda el derecho a la salud y brindar mayor certeza jurídica frente a problemas psicoemocionales como la ansiedad y la depresión.
En la misma sesión se presentó una segunda iniciativa para reformar el artículo 130 Bis del Código Penal del Estado y fortalecer las sanciones relacionadas con el acoso sexual cuando la conducta se realice mediante tecnologías de la información, redes sociales, aplicaciones de mensajería u otros medios digitales. De acuerdo con el registro oficial del Congreso, la propuesta fue presentada por las diputadas Paola Elizabeth Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia, y María Jimena Pamela Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad Sustantiva de Género.
El planteamiento contempla incrementar hasta en una mitad la pena cuando el acoso sexual se cometa por estos medios, reconociendo que las agresiones pueden trasladarse del espacio físico al entorno digital.
También propone medidas más estrictas cuando estas conductas sean cometidas por servidores públicos o docentes, incluyendo destitución e inhabilitación permanente en casos de reincidencia, además de mecanismos inmediatos para impedir que la víctima sea contactada o intimidada mientras se desarrolla la investigación.
Ambas iniciativas se encuentran apenas en proceso legislativo: fueron presentadas y turnadas para su análisis, por lo que todavía deberán recorrer las etapas correspondientes antes de convertirse, en su caso, en reformas vigentes.
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