• Alejandro Arvizu cuestiona que se incremente el cobro a turistas extranjeros sin garantizar recursos para promoción internacional. Advierte que una menor actividad turística afectaría principalmente a pequeños negocios y trabajadores

Cancún, Quintana Roo, 16 de octubre de 2026.— Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum descartara afectaciones al turismo por el aumento al Derecho de No Residente (DNR), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), Alejandro Arvizu, advirtió que una decisión fiscal de esta naturaleza debe evaluarse por sus posibles consecuencias en el empleo, la inversión y la estabilidad económica de miles de familias de Quintana Roo.

El dirigente empresarial señaló que el incremento de 17.8%, aprobado por la Cámara de Diputados mediante una reforma a la Ley Federal de Derechos, no debe analizarse únicamente como un cobro adicional a los visitantes extranjeros, sino por sus posibles efectos sobre la competitividad de México frente a otros destinos turísticos.

El turismo no es solamente una actividad hotelera, es una actividad productiva de la que dependen miles de empresas y familias en Quintana Roo”, sostuvo.

La cuota del DNR pasaría de 983 a mil 158 pesos en 2027, un incremento de 175 pesos por visitante sujeto al pago, si la reforma completa su proceso legislativo.

Arvizu explicó que el impacto de una eventual reducción en la actividad turística alcanzaría a restaurantes, transportistas, operadores de excursiones, comercios y proveedores locales, muchos de los cuales dependen directamente del gasto de los visitantes.

Para dimensionar esa vulnerabilidad, señaló que las microempresas representan 92.9% de las unidades económicas turísticas y concentran 48% del personal ocupado dentro del universo censal al que hizo referencia.

Advirtió que, cuando disminuyen las ventas, los pequeños negocios enfrentan mayores dificultades para sostener sus operaciones, contratar trabajadores o realizar nuevas inversiones.

El efecto, añadió, se extiende a las oportunidades laborales de jóvenes sin experiencia, mujeres y emprendedores, por lo que proteger la competitividad turística también implica proteger los ingresos familiares.

Uno de los principales cuestionamientos del CCE se concentra en el destino de la recaudación. Arvizu reconoció la necesidad de fortalecer los servicios migratorios, pero consideró indispensable que una parte sustancial de los recursos también se destine a promoción turística internacional y a atender los problemas que influyen en la decisión de viajar a México.

La promoción turística no debe verse como un gasto prescindible, es una herramienta para atraer visitantes, sostener la demanda, estimular la inversión y proteger el empleo”, afirmó.

La reforma aprobada por los diputados contempla distribuir la recaudación del DNR entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Tesorería, sin establecer una asignación directa específica para promoción turística.

Ante ello, el CCE del Caribe solicitó a las autoridades hacendarias, legislativas y turísticas evaluar técnicamente el impacto integral del incremento, escuchar al sector productivo y establecer mecanismos transparentes y medibles para el uso de los recursos.

Arvizu manifestó la disposición del organismo para participar en una mesa de trabajo que permita construir alternativas de largo plazo.

No se trata de desconocer las necesidades de financiamiento del país, sino de asegurar que las decisiones fiscales no debiliten la competitividad ni comprometan el empleo y la inversión regional”, concluyó.

El incremento al DNR todavía requiere completar su trámite legislativo en el Senado.

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