- El señalamiento, basado en fuentes que la periodista ubica dentro del gobierno federal, revive el debate sobre la propuesta de la senadora Lilly Téllez para aplicar pruebas toxicológicas periódicas y aleatorias a gobernantes y funcionarios electos
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2026.- La periodista de investigación Anabel Hernández aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consume cannabis para enfrentar las presiones derivadas del ejercicio de su cargo, un señalamiento que en las últimas horas ha sido retomado por distintos medios nacionales y que vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la aplicación de pruebas toxicológicas a quienes ocupan cargos de elección popular.
Hernández atribuyó la información a personas del primer círculo del gobierno federal, a quienes no identificó públicamente. De acuerdo con la versión expuesta por la periodista, durante 2026 la mandataria habría recurrido al consumo de marihuana ante episodios de estrés o alteraciones en su estado de ánimo.
Hasta el momento, el supuesto consumo no ha sido acreditado mediante pruebas públicas, por lo que se trata de un señalamiento atribuido a las fuentes consultadas por Hernández y no de un hecho comprobado.
La afirmación cobra relevancia pública no solamente por tratarse de la titular del Poder Ejecutivo Federal, sino porque desde septiembre de 2025 existe una iniciativa en el Senado que propone precisamente establecer exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para todas las personas que ocupen cargos de elección popular en México.
La propuesta fue presentada por la senadora panista Lilly Téllez y plantea que las pruebas sean aplicadas durante todo el periodo en que permanezcan en el cargo quienes hayan sido electos en los ámbitos federal, estatal, municipal y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
De acuerdo con la iniciativa, los exámenes serían realizados por instituciones de salud bajo protocolos médicos, su costo tendría que ser cubierto por los propios servidores públicos y sus resultados serían públicos. También contempla sanciones por negarse injustificadamente a realizarlos, que podrían ir desde la suspensión temporal de percepciones hasta la pérdida del cargo.
Téllez argumentó al presentar su propuesta que quienes ejercen estos cargos toman decisiones con efectos sobre millones de personas, la seguridad del Estado y el futuro del país, por lo que planteó elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas de quienes gobiernan.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, donde continúa su proceso legislativo.
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